El Gobierno español investiga pornografía infantil a raíz de hallazgos y denuncias sobre la generación y difusión de material sexual con menores mediante herramientas de inteligencia artificial. El Ejecutivo ha decidido elevar a la Fiscalía General del Estado una petición formal para que determine si plataformas como X, Meta y TikTok pueden estar cometiendo delitos por la creación y distribución de este tipo de contenidos.
La decisión, aprobada por el Consejo de Ministros el 17/02/2026, forma parte de un paquete de medidas destinadas a proteger a la infancia en el entorno digital y conectar la acción administrativa y penal con la labor investigadora de las fuerzas de seguridad. El anuncio ha reabierto el debate sobre la responsabilidad tecnológica y la necesidad de respuestas coordinadas a nivel nacional y europeo.
El anuncio oficial y el mensaje del Gobierno
El 17 de febrero de 2026 el Ejecutivo anunció que pedirá a la Fiscalía que investigue si X, Meta y TikTok podrían estar cometiendo delitos por la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus herramientas de inteligencia artificial; la medida fue aprobada por el Consejo de Ministros. El planteamiento sitúa la iniciativa en el marco de la protección del interés público y de la defensa de los derechos de la infancia.
El presidente Pedro Sánchez enfatizó en su mensaje público la gravedad del problema: «estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas» y sentenció: «El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar». Ese tono político subraya la voluntad del Gobierno de buscar mecanismos efectivos de respuesta.
La petición a la Fiscalía pretende no solo abrir diligencias penales, sino también demostrar que la actuación del Estado combina medidas preventivas, regulatorias y punitivas frente a la difusión de contenidos ilícitos que afectan a menores. El anuncio ha generado reacciones inmediatas en la opinión pública y en las propias plataformas implicadas.
Marco legal y la invocación al Ministerio Fiscal
Para formalizar la petición el Ejecutivo invocó el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, mecanismo que permite al Gobierno reclamar al fiscal general que promueva actuaciones en defensa del interés público. Esa vía no sustituye la independencia del Ministerio Fiscal, pero habilita al Ejecutivo a requerir la apertura de actuaciones por motivos de interés general.
Previamente, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ya había solicitado a la Fiscalía el 07/01/2026 que investigara a Grok (la IA de X) por supuesta generación y difusión de material de violencia sexual contra menores. Esa petición anticipada fundamenta y complementa la iniciativa del Consejo de Ministros de febrero.
La decisión de acudir a la Fiscalía pretende encuadrar la respuesta en términos penales cuando proceda, lo que, según fuentes comunitarias, puede ser compatible con la normativa de la UE si se actúa en el ámbito penal. Esta articulación legal busca ofrecer rutas efectivas para perseguir responsabilidades y asegurar la protección de las víctimas.
Evidencias, cifras y operaciones policiales
Informes y pesquisas citados por la prensa sostienen que la IA Grok llegó a generar millones de imágenes sexualizadas en pocos días; investigaciones independientes situaron ese volumen en torno a 3 millones de imágenes, con decenas de miles supuestamente correspondientes a menores. El Gobierno ha utilizado esas cifras para sustentar su petición de investigación ante la Fiscalía.
La preocupación no es solo teórica: operaciones policiales internacionales y nacionales han detectado distribución y producción de material sexual infantil generado o divulgado con IA. En febrero de 2025 una operación de Europol llevó a la detención de 25 personas y a la retirada de miles de archivos relacionados con pornografía infantil generada por IA.
Las fuerzas españolas mantienen operaciones activas: la Guardia Civil y la Policía Nacional continúan detenciones e incautaciones. Ejemplos destacables son la operación en Cáceres (marzo 2025), con la detención de un individuo que almacenaba más de 2,5 TB de material y la identificación provisional de 11 víctimas menores; y una detención en Jaén (febrero 2026) por posesión y distribución tras una alerta de Google.
Contexto estadístico y alerta de organizaciones
Las cifras oficiales ilustran la magnitud del problema: el Informe del Ministerio del Interior sobre delitos contra la libertad sexual registró en 2024 un récord de 22.846 hechos conocidos, un aumento del 4,7% respecto a 2023, incluyendo tipologías vinculadas a la pornografía de menores. Ese incremento pone presión sobre los recursos policiales y judiciales.
La Fiscalía también documenta la creciente incidencia de delitos informáticos asociados a pornografía infantil: la memoria del organismo recoge 610 procedimientos incoados en 2023 en la tipología relacionada con TIC y pornografía infantil. Esos números reflejan tanto un mayor uso de medios digitales por parte de victimarios como una mayor detección y actuación por parte de las autoridades.
Organizaciones civiles como Save the Children han alertado sobre el aumento y la subdeclaración de casos, señalando en 2024 y 2025 un incremento de denuncias por explotación sexual en línea y riesgos asociados al uso manipulado de imágenes y a la IA en la victimización de menores. Las ONG reclaman recursos y medidas preventivas efectivas.
Reacción europea e internacional
La iniciativa española se produce en un contexto europeo coordinado. La Comisión Europea y reguladores nacionales han abierto investigaciones relacionadas: la Comisión y la autoridad irlandesa de protección de datos han iniciado actuaciones sobre X/Grok, y la Fiscalía francesa también ha ampliado pesquisas sobre contenidos generados por IA.
La Comisión Europea ha señalado que la petición del Gobierno español a la Fiscalía puede ser compatible con la normativa de la UE, incluida la Ley de Servicios Digitales, siempre que se actúe en el ámbito penal. Ese aval técnico-jurídico facilita la colaboración transnacional y la convergencia de criterios regulatorios.
Medios internacionales (Reuters, AFP) sitúan la acción española dentro de una ola de controles y regulaciones en distintos países sobre el uso de IA para generar contenidos sexuales y sobre la distribución de material de abuso infantil en redes sociales. La coordinación entre Estados y agencias europeas es clave para abordar un fenómeno global.
Medidas propuestas y responsabilidad de las plataformas
El Gobierno incluyó la petición a la Fiscalía dentro de un paquete de medidas destinado a combatir la difusión de contenidos dañinos en plataformas digitales. Entre las propuestas figuran prohibir el acceso a redes a menores de 16 años y exigir comprobaciones de edad efectivas, además de mejorar los mecanismos de denuncia y retirada de contenidos.
Además de la investigación penal, el Ejecutivo plantea imponer responsabilidades administrativas o penales a las plataformas y a sus directivos que no retiren o que faciliten la difusión de contenidos ilícitos. La idea es que la regulación y la posible sanción directa sobre empresas y responsables refuercen la prevención y la diligencia debida.
Las medidas buscan equilibrar la protección de derechos fundamentales con la rendición de cuentas tecnológica, obligando a las plataformas a mejorar controles técnicos, transparencia y cooperación con las autoridades para prevenir la victimización de menores y reducir la circulación de imágenes generadas por IA.
Riesgos técnicos y desafíos en la detección
Los análisis técnicos citados por fuentes oficiales subrayan la combinación peligrosa de IA generativa, algoritmos de recomendación y canales de mensajería privada. Esa mezcla facilita la creación masiva y la difusión viral de material sexualizado de menores, complicando la detección y la intervención oportuna.
Los avances en generación sintética hacen que algunas imágenes y vídeos falsos sean cada vez más realistas, lo que plantea retos periciales a la hora de identificar contenidos y diferenciar entre material real y manipulado. Al mismo tiempo, la encriptación y el uso de grupos cerrados en apps dificultan el trabajo policial.
Frente a esos riesgos, expertos y autoridades reclaman una combinación de herramientas técnicas (mejor análisis forense digital, filtros y sistemas de marcado), cooperación internacional e inversiones en prevención y atención a las víctimas. La investigación fiscal y penal anunciada aspira a complementar esas respuestas y a dejar claro que la impunidad no será tolerada.
La investigación y las medidas anunciadas evidencian la creciente preocupación por cómo las tecnologías pueden facilitar delitos graves contra menores y la necesidad de que el marco jurídico y operativo evolucione en consecuencia.
Para que la protección sea efectiva se requerirá tiempo, recursos y coordinación entre administraciones, fuerzas de seguridad, justicia, empresas tecnológicas y organizaciones sociales. Mientras tanto, la acción del Gobierno y la petición a la Fiscalía marcan un paso relevante en la respuesta estatal ante la creciente amenaza de la pornografía infantil generada y difundida mediante IA.
