La verificación de edad y la regulación del contenido para adultos están viviendo un momento de cambio acelerado en Europa. Desde la plena aplicabilidad del Digital Services Act (DSA) el 17 de febrero de 2024, las obligaciones para plataformas muy grandes (VLOP) sobre evaluación de riesgos y protección de menores se han intensificado, y en 2025 han empezado a verse consecuencias prácticas y políticas.
En este artículo repasamos las investigaciones abiertas por la Comisión Europea, las respuestas de plataformas como Pornhub/Aylo, las iniciativas técnicas como la «app» blanca o European Digital Identity Wallet, y los debates sobre privacidad, inclusión y economía digital que acompañan la implantación de la verificación de edad.
El marco legal: DSA y obligaciones para los VLOP
El Digital Services Act entró plenamente en vigor el 17/02/2024 y ha marcado un nuevo estándar regulatorio para servicios online de gran escala. Los VLOP están sujetos a obligaciones reforzadas de gestión de riesgos, transparencia y en particular a medidas específicas para proteger a menores frente a contenidos nocivos.
Bajo el DSA, la Comisión Europea puede imponer sanciones severas por incumplimiento: multas de hasta el 6% de la facturación anual mundial, además de medidas provisionales y suspensiones temporales en casos graves. Esto ha puesto presión sobre plataformas que alojan pornografía para revisar sus prácticas de verificación de edad.
La Comisión también ha publicado borradores de orientación y consultas públicas sobre protección de menores, buscando harmonizar criterios y prácticas entre Estados miembros y operadores. Estas guías serán clave para interpretar qué se considera «medidas apropiadas y proporcionadas» en materia de verificación de edad.
Investigaciones formales de la UE contra plataformas pornográficas
El 27 de mayo de 2025 la Comisión Europea anunció la apertura de procedimientos formales contra Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos por presuntas infracciones del DSA centradas en la protección de menores y la ausencia de medidas de verificación de edad consideradas suficientes.
Preliminarmente la Comisión señaló que estas plataformas «no cumplen» la obligación de implantar medidas apropiadas y proporcionadas para garantizar privacidad, seguridad y protección de menores, especialmente mediante herramientas de verificación de edad. El expediente ha atraído atención política y mediática a nivel europeo.
El Parlamento Europeo y comités de seguimiento han subrayado la prioridad de proteger a menores y han pedido coordinación, citando el informe A10‑0213/2025 que recuerda la apertura de los expedientes del 27/05/2025. El proceso puede culminar con multas, medidas provisionales o medidas correctoras.
Acciones nacionales: Francia y Reino Unido
Varios Estados miembros han ido más allá con legislación nacional. Francia, por ejemplo, reformó su marco (ley SREN y sucesivas medidas desde 2024/2025) y amplió los poderes de Arcom para exigir verificación de edad, multar y ordenar bloqueos de sitios que permitan acceso a menores.
Arcom afirmó públicamente que «Pornhub es visitado por más de un tercio de los adolescentes de 12 a 17 años» al comentar la suspensión del servicio del grupo Aylo en Francia. En junio de 2025 Aylo dejó de operar en territorio francés en protesta por la ley, denunciando riesgos de privacidad y defendiendo la verificación a nivel de dispositivo como alternativa.
En el Reino Unido, Ofcom y la Online Safety Act exigieron un mecanismo de «age assurance» altamente efectivo para servicios con pornografía. Ofcom publicó pautas sobre métodos aceptables (open banking, ID foto, estimación facial, verificación por operador móvil, tarjetas financieras o servicios de identidad digital) y rechazó la autodeclaración sencilla, con plazos de cumplimiento clave en julio de 2025.
Soluciones técnicas en debate: app blanca y EU Wallet
Ante la necesidad de una solución interoperable, la Comisión Europea y Estados miembros están desarrollando una «app» blanca de verificación de edad (mini‑wallet / age‑verification blueprint) como solución interina hasta el European Digital Identity Wallet. El plan público preveía pilotos en 2025 y el despliegue del EU Wallet antes de finales de 2026.
Esta aproximación busca ofrecer una verificación de edad con alto nivel de privacidad y seguridad, limitando la exposición de datos entre sitios. A la vez, la Comisión y la European Board for Digital Services han lanzado una acción coordinada para supervisar plataformas más pequeñas y compartir buenas prácticas sobre verificación de edad.
Sin embargo, la implementación técnica y operativa plantea desafíos: interoperabilidad entre proveedores, estándares mínimos aceptables y la coordinación con soluciones comerciales ya existentes, como Yoti, Gataca o Veriff, y emergentes proveedores de «age‑assurance».
Respuestas comerciales: plataformas y proveedores de verificación
Las grandes plataformas han reaccionado de distinta forma. Aylo (dueña de Pornhub, YouPorn, RedTube) propuso públicamente la verificación «a nivel de dispositivo»: verificar una vez en el sistema operativo y permitir o denegar el acceso a múltiples apps y sitios, argumentando que el modelo sitio‑por‑sitio expone más datos y es menos eficaz.
Al mismo tiempo, proveedores comerciales de identidad y verificación han visto una demanda creciente. Empresas como Yoti, Gataca o Veriff y otros se posicionan para ofrecer soluciones técnicas, lo que ha impulsado la emergencia de un mercado de proveedores de age‑assurance con ofertas variadas.
Esta dinámica genera tensiones comerciales y técnicas sobre quién controla los datos, cómo se garantiza la interoperabilidad y quién asume la responsabilidad en caso de fallos: los proveedores de verificación, las plataformas o los Estados.
Impacto en usuarios y flujos de tráfico
Las medidas de verificación han tenido efectos palpables en el tráfico. Tras la entrada en vigor de las exigencias en el Reino Unido en julio de 2025, el tráfico desde usuarios británicos a sitios adultos cayó bruscamente: Pornhub y XVideos registraron descensos de aproximadamente 47% y xHamster alrededor de 39% en las semanas iniciales, según análisis de tráfico.
Paralelamente se observó un aumento del uso de VPNs y redirecciones hacia sitios fuera de jurisdicción. Esto plantea el riesgo de desvío de usuarios hacia plataformas menos reguladas y sitios con menores garantías de protección para menores.
Además, medidas nacionales y regionales han llevado a que algunas plataformas opten por bloquear mercados (como Aylo en Francia) o a realizar inversiones rápidas en soluciones de verificación, con costes operativos y de cumplimiento que afectan a la economía de estas plataformas.
Debate sobre privacidad, inclusión y derechos digitales
Organizaciones de la sociedad civil y grupos de derechos digitales (EDRi, EFF, Amnesty y otros) han advertido sobre los riesgos de una verificación masiva de edad. Señalan la posibilidad de crear «puntos de fallo» centralizados que, en caso de fugas o abusos, pondrían en riesgo la privacidad de millones de personas.
También se subraya el riesgo de exclusión digital: refugiados, personas sin documentación o con dificultades de acceso a tecnología podrían quedar fuera del acceso legítimo a información y servicios. Estas organizaciones insisten en que la verificación de edad no debe reemplazar medidas de diseño seguro y protección sistémica de menores.
El debate queda abierto entre la necesidad legítima de impedir el acceso de menores a pornografía y la salvaguarda de derechos fundamentales como privacidad, no discriminación y acceso universal. La búsqueda de soluciones equilibradas sigue siendo el gran reto político y técnico.
Consecuencias económicas, políticas y próximos pasos
En términos prácticos, la combinación de investigación de la Comisión (27/05/2025), medidas nacionales y reglas como las de Ofcom han acelerado decisiones empresariales: bloqueos de mercados, contratación de verificadores y realineamiento de modelos de negocio. Todo ello con impactos económicos inmediatos y riesgos de fragmentación del mercado.
A corto plazo la Comisión puede imponer medidas provisionales y sanciones; a medio plazo la app blanca y el EU Wallet pretenden ofrecer una arquitectura común para reducir fragmentación y riesgos de privacidad. Los plazos clave incluyen 2025 para pilotos y antes de finales de 2026 para el despliegue del EU Wallet, si se cumplen las previsiones públicas.
Finalmente, la acción coordinada entre la Comisión, la European Board for Digital Services y reguladores nacionales pretende armonizar criterios y compartir buenas prácticas, pero la tensión entre rapidez de implementación y protección de derechos seguirá marcando la agenda política en los próximos meses y años.
La verificación de edad bajo el DSA ha empujado a un cambio de reglas significativo en el mundo del porno online. Con investigaciones europeas, acciones nacionales contundentes y un mercado emergente de verificadores, el equilibrio entre protección de menores y derechos digitales está en el centro del debate.
El reto ahora es encontrar soluciones técnicas y normativas que sean efectivas, respetuosas con la privacidad y accesibles para todos. Los próximos hitos , pilotos en 2025, cumplimiento en países como el Reino Unido en julio de 2025 y el objetivo del EU Wallet antes de finales de 2026, marcarán si Europa consigue un enfoque común o se dirigen a una mayor fragmentación del espacio digital.
