El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó el 27 de junio de 2025 una decisión que respalda la verificación de edad en sitios pornográficos, confirmando por 6‑3 la constitucionalidad de la ley de Texas H.B. 1181. La opinión mayoritaria fue escrita por el juez Clarence Thomas y aplica un control intermedio (intermediate scrutiny) para sostener que la norma “only incidentally burdens the protected speech of adults.”

La sentencia, cuyo trámite incluyó una audiencia oral el 15 de enero de 2025, abre un nuevo capítulo en la tensión entre la protección de menores, la libertad de expresión y la privacidad digital. La decisión tiene impacto inmediato en una oleada legislativa estatal en EE. UU. y en la práctica de plataformas y proveedores de verificación de edad.

El fallo y su fundamento jurídico

El fallo de la Corte Suprema (Free Speech Coalition v. Paxton) fue emitido el 27 de junio de 2025 con el resultado de 6‑3. El Tribunal validó la ley texana H.B. 1181 y rechazó el recurso que alegaba violaciones a la Primera Enmienda y a derechos de privacidad, aplicando el standard conocido como intermediate scrutiny.

Según la opinión mayoritaria del juez Clarence Thomas, “The power to require age verification is within a State’s authority to prevent children from accessing sexually explicit content,” y la norma “only incidentally burdens the protected speech of adults.” El Tribunal consideró que el propósito de proteger menores es importante y que la ley es sustancialmente relacionada con ese objetivo.

En disidencia, la jueza Elena Kagan (acompañada por Sotomayor y Jackson) subrayó la preocupación por la libertad de acceso de adultos: “The State should be foreclosed from restricting adults’ access to protected speech if that is not in fact necessary.” La disidencia también advirtió sobre riesgos de privacidad y sobre si la medida es verdaderamente necesaria y proporcionada.

Qué exige la ley de Texas (H.B. 1181)

H.B. 1181, aprobada en Texas en 2023, obliga a los sitios comerciales cuyo contenido definido como “sexual dañino para menores” supere un umbral (activa la cobertura si más del 33% del sitio es contenido sexual) a verificar que cada visitante tenga al menos 18 años.

La ley autoriza métodos de verificación como identificación gubernamental, datos transaccionales u otros métodos “razonables”. Imposición importante: prohíbe que el sitio retenga los datos de verificación, aunque no impide la transferencia de esos datos a proveedores externos de verificación.

Las sanciones previstas son severas: multas de hasta 10.000 USD por día por incumplimiento y sanciones civiles hasta 250.000 USD si un menor logra acceder al material. Además la norma exige la colocación de advertencias de “salud sexual” en los sitios afectados.

Reacción de la industria y efectos comerciales

La industria reaccionó con medidas prácticas: algunos grandes grupos, como Aylo (propietaria de sitios como Pornhub), bloquearon el acceso a sus plataformas en múltiples estados como respuesta a leyes similares. Aylo afirmó que, tras exigir ID, el tráfico cayó alrededor del 80% en Louisiana, un dato citado en informes de prensa.

Analistas esperan una mayor demanda de empresas especializadas en age‑verification y cambios en modelos de negocio: bloqueos selectivos de estados, contratación de proveedores terceros y exploración de soluciones “on‑device” propuestas por grandes fabricantes (Apple/Google). El mercado de verificación de edad podría expandirse rápidamente ante la posibilidad de más leyes estatales similares.

Al mismo tiempo, algunas plataformas optaron por limitar contenido o ajustar políticas de geobloqueo, mientras que otras buscaron estrategias híbridas para reducir la exposición a sanciones económicas y preservar usuarios en estados sin restricciones.

Posición de grupos de derechos civiles y preocupaciones por la privacidad

Organizaciones como la ACLU y la EFF criticaron el fallo y advirtieron que supone un retroceso para la libertad de expresión y la privacidad. La ACLU afirmó que la ley “detendrá a adultos de ver material protegido” y que expone datos sensibles de usuarios al requerir identificaciones o datos financieros.

Los críticos subrayan que la verificación mediante ID, biometría o datos bancarios entraña riesgos reales de fuga, venta de datos o brechas: proveedores de verificación han sufrido incidentes en el pasado y la concentración de información sensible multiplica la exposición a ataques.

Además, existe preocupación por el efecto disuasorio sobre el acceso legítimo de adultos y por la estigmatización de quienes consultan contenido sexual; organizaciones civiles consideran que no basta con declarar objetivos protectores sin reglas estrictas sobre minimización, retención cero y auditoría independiente.

Riesgos técnicos y posibilidades de elusión

Expertos y reportes periodísticos señalan que las medidas de verificación no son infalibles: el uso de VPNs, cuentas proxy, sitios no conformes y la migración del tráfico hacia plataformas menos reguladas reducen la eficacia práctica de las age‑gates. Investigaciones preliminares muestran aumentos en búsquedas y movimientos de usuarios para eludir controles.

Hay además un riesgo de desplazamiento: si los grandes sitios restringen acceso o bloquean estados, el consumo puede trasladarse a webs pequeñas, foros o servicios internacionales donde la regulación estatal tiene menos efecto, complicando la protección real de menores.

Por último, los propios proveedores de verificación pueden convertirse en puntos únicos de falla: un corte, una filtración o una mala implementación técnica pueden exponer grandes volúmenes de datos sensibles, con consecuencias legales y reputacionales.

Implicaciones legales, políticas y contexto internacional

La aplicación del intermediate scrutiny por parte del Supremo podría impulsar una oleada de leyes estatales similares: prensa y el Free Speech Coalition han seguido una lista de cerca y estiman que alrededor de dos docenas de estados habían aprobado o intentado leyes de verificación de edad desde 2023.

La decisión reorienta litigios futuros sobre el equilibrio entre proteger menores y salvaguardar la libertad de expresión y la privacidad. Los litigantes podrán tener que demostrar , estado por estado, que las medidas son necesarias y proporcionadas, y los legisladores enfrentarán el escrutinio sobre diseño técnico y garantías de privacidad.

En el plano internacional ya existen debates similares: Reino Unido y Francia han impulsado exigencias regulatorias para controles robustos, y algunas empresas respondieron con bloqueos temporales o adaptaciones técnicas. La experiencia global sugiere que la política pública debe equilibrar eficacia, derechos y viabilidad técnica.

Voces públicas y seguimiento

Ken Paxton, fiscal general de Texas, celebró la decisión como “victoria para niños y padres”, mientras grupos como el National Center on Sexual Exploitation describieron la ley como una “herramienta constitucional” para proteger menores. Por contraste, la EFF, la ACLU y otras ONGs digitales advirtieron sobre riesgos de censura y pérdida de privacidad.

Los portales de prensa, análisis legales y trackers del sector (incluido el Free Speech Coalition) mantienen seguimiento activo: listas de estados con leyes o iniciativas, reportes sobre respuestas de la industria (bloqueos, adaptaciones) y enlaces al texto de la opinión y al voto disidente disponibles en repositorios legales y en la página oficial de la Corte Suprema.

Fechas claves para tener en cuenta: H.B. 1181 aprobada en Texas en 2023, audiencia en la Corte Suprema el 15 de enero de 2025 y decisión final el 27 de junio de 2025. Estos hitos marcan el calendario de un debate que seguirá en tribunales y legislaturas estatales.

En suma, la decisión del Supremo consagra la posibilidad estatal de exigir verificación de edad en determinados contextos, pero deja abiertas preguntas técnicas, legales y políticas sobre eficacia, privacidad y proporcionalidad.

El futuro inmediato probablemente traerá más legislación, demanda de servicios de verificación y nuevos litigios que definirán límites y salvaguardas. Mientras tanto, el equilibrio entre proteger a menores y preservar derechos de adultos seguirá siendo el eje del debate público y judicial.