El 22 de enero de 2026, la representante Alexandria Ocasio‑Cortez (AOC) subió al estrado del Capitolio acompañada por Paris Hilton y la congresista republicana Laurel Lee para promover la aprobación de la DEFIANCE Act (S.1837). La presencia de Hilton, superviviente de la difusión no consentida de un vídeo íntimo cuando tenía 19 años, convirtió el mitin en un momento de gran visibilidad mediática y política.

En el acto Hilton afirmó: “People called it a scandal. It wasn’t. It was abuse.” AOC, por su parte, recordó que “While these images may be digital, the harm to victims is very real”, subrayando que los deepfakes sexuales causan consecuencias tangibles, como pérdida de empleo, trauma y daño en jóvenes. El mensaje combinó la experiencia personal con la urgencia legislativa.

Qué propone la DEFIANCE Act

La DEFIANCE Act (S.1837) crea una causa federal civil para víctimas de «intimate digital forgeries», es decir, deepfakes sexuales no consentidos. El proyecto permite que las víctimas demanden a creadores, distribuidores y poseedores con la intención de divulgar contenido íntimo falso, abriendo vías de reparación más allá de las acciones penales o las políticas de plataformas.

Entre los remedios que establece la ley están daños estatutarios , con una opción básica de hasta $150,000 en daños liquidados, y montos mayores hasta $250,000 en supuestos agravados, como cuando hay acoso o agresión sexual vinculados al material. Además, contempla el pago de honorarios de abogados y medidas equitativas, incluidas órdenes judiciales para que se elimine o retenga contenido.

La DEFIANCE Act también incorpora protecciones procesales para las víctimas: posibilidad de presentar demandas con seudónimo, sellado de expedientes y limitaciones a la divulgación pública de pruebas que podrían exponer su privacidad durante litigios. Estas previsiones buscan minimizar la revictimización en el curso del proceso judicial.

Relación con la TAKE IT DOWN Act y el marco regulatorio

La DEFIANCE Act se plantea como complemento de la TAKE IT DOWN Act (S.146), ya promulgada, que fue firmada por el Presidente el 19/05/2025. TAKE IT DOWN castiga la publicación no consentida de imágenes íntimas , incluyendo deepfakes, y obliga a las plataformas a implementar procedimientos de retirada con un plazo de 48 horas para actuar y un cumplimiento obligatorio en el plazo de un año.

Mientras TAKE IT DOWN impone obligaciones operativas a plataformas tecnológicas, la DEFIANCE Act se centra en facilitar recursos civiles contra individuos responsables de crear o distribuir deepfakes. Juntas, ambas leyes elevan la presión regulatoria sobre el ecosistema de redes sociales y herramientas de IA, aunque con enfoques legales diferentes: uno administrativo-operativo y otro civil-remedial.

Los análisis jurídicos señalan que la DEFIANCE Act apunta sobre todo a creadores y distribuidores individuales, sin necesariamente erosionar las protecciones de los intermediarios contenidas en otras normas. No obstante, los marcos combinados modifican sustancialmente incentivos y prácticas de moderación en plataformas y desarrolladores de modelos de IA.

La dimensión del problema: estadísticas y el caso Hilton

La abrumadora mayoría de los deepfakes detectados en línea son pornográficos: el estudio clásico de Deeptrace/Sensity (2019) estimó alrededor del 96% del total, y trabajos posteriores han cifrado la proporción entre 90% y 98% según muestras. Estas cifras han sido un argumento central para quienes defienden acción legislativa federal urgente.

Paris Hilton puso un rostro público a esas estadísticas: medios recogieron su afirmación de que “más de 100,000 imágenes explícitas falsas” de ella han sido generadas sin su consentimiento. Su testimonio enlazó la cifra masiva con el daño psicológico y reputacional que sufren las víctimas, mostrando que se trata de un problema tanto personal como social.

Senadores como Dick Durbin y otros coautores han defendido la DEFIANCE Act citando la preponderancia de deepfakes pornográficos para justificar el cierre de lagunas legales y ofrecer a las víctimas herramientas para “recuperar su imagen y libertad”. Ese argumento busca traducir estadísticas inquietantes en respuestas legales concretas.

La crisis Grok y la reacción internacional

La urgencia legislativa se aceleró tras el escándalo de enero de 2026 alrededor de Grok, la herramienta de xAI/X. Informes del Center for Countering Digital Hate y coberturas periodísticas estimaron que Grok generó alrededor de 3 millones de imágenes sexualizadas en aproximadamente 11 días, incluidas cerca de 23,338 imágenes que parecían representar a menores, lo que detonó investigaciones y prohibiciones en varios países.

La fiscalía general de California abrió una investigación y autoridades regulatorias de Reino Unido, Japón, Canadá y varios países del Sudeste Asiático también elevaron o iniciaron indagaciones sobre Grok. Frente a la presión, X/xAI implementó restricciones: bloqueos geográficos, límites para editar imágenes reales con ropa reveladora y mover funciones detrás de suscripciones, además de advertir que usuarios que generen contenido ilegal “sufrirán consecuencias”.

La magnitud del incidente mostró cómo herramientas potentes y de rápido despliegue pueden escalar daños en días, alimentando el discurso público y legislativo sobre la necesidad de marcos que articulen medidas preventivas, obligaciones de plataformas y recursos para víctimas.

Apoyos, críticas y próximos pasos legislativos

La DEFIANCE Act ha recibido apoyos de múltiples organizaciones de defensa de víctimas y derechos de las mujeres, entre ellas el National Women’s Law Center, RAINN y el National Center on Sexual Exploitation. Estos grupos han solicitado herramientas legales que permitan a las víctimas responsabilizar a quienes crean y distribuyen deepfakes dañinos.

Sin embargo, también han surgido críticas de organizaciones de derechos digitales como la Electronic Frontier Foundation (EFF) y la Cyber Civil Rights Initiative. Sus advertencias apuntan a riesgos de sobrerreacción: posibles efectos en la libertad de expresión, ambigüedad en definiciones legales y errores en procesos de retirada automatizada. Estas preocupaciones acompañaron debates previos sobre la TAKE IT DOWN Act y reaparecen en el análisis de la DEFIANCE.

En términos legislativos, el Senado aprobó por consentimiento unánime la DEFIANCE Act el 13 de enero de 2026 y remitió el proyecto a la Cámara de Representantes, donde líderes están en conversaciones para llevar la ley a votación. La adopción final depende de la agenda de la Cámara y del calendario político; interesados pueden consultar el texto y el historial en Congress.gov (S.1837, 119th Congress) para ver cláusulas exactas y el registro de acciones.

La cobertura mediática internacional , desde The Guardian y Reuters hasta The Verge, AP y medios de entretenimiento, ha mostrado la convergencia entre activismo de supervivientes, política y debate tecnológico sobre responsabilidad. Esa atención pública influye tanto en la presión a legisladores como en las respuestas de empresas tecnológicas.

El avance de la DEFIANCE Act ilustra un momento en que testimonios personales, datos y crisis tecnológicas chocan con la necesidad de marcos legales que equilibren reparación, prevención y libertad de expresión. La discusión legislativa seguirá siendo central en las próximas semanas.

Para quienes deseen profundizar, los textos oficiales del proyecto DEFIANCE (S.1837), el historial de votos y documentos relacionados están disponibles en la ficha de Congress.gov, y las actas del Senado del 13/01/2026 ofrecen el registro del paso por esa cámara. Mantenerse informado ayudará a entender cómo se traducirán estas leyes en protección real para víctimas.